Su finalidad consiste en que todas las personas funcionarias del Poder Judicial intervinientes en los procesos de trámite de salvaguardias para personas con discapacidad intelectual o psicosocial, dispongan de información ágil y oportuna que les permita gestionar verdaderos apoyos a esa población desde la perspectiva de derechos humanos como lo exige la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Ley 8661 de Costa Rica.